By David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Baja California, abordó recientemente la problemática de corrupción dentro de la institución, iluminando el escenario tras el operativo en la vivienda de dos oficiales de migración. El cateo, ejecutado en las primeras horas del 29 de febrero por la Fiscalía General de la República (FGR), reveló la existencia de efectivo y listados que sugieren prácticas de extorsión hacia migrantes.
En una declaración que aporta claridad y transparencia, Pérez Tejada detalló que los oficiales implicados, identificados como Marte Antonio y María Elizabeth, se encontraban incapacitados durante el allanamiento de su domicilio. A pesar de las acusaciones, el delegado enfatizó la separación mensual de al menos dos oficiales por sospechas de corrupción, aunque admitió la complejidad de confirmar la exactitud de los reportes periodísticos al respecto.
Destacando la compleja red de corrupción que podría extenderse más allá de la institución que representa, Pérez Tejada sugirió la posible implicación de agentes de otras fuerzas de seguridad. Esta interacción multifacética subraya la urgencia de abordar las prácticas corruptas que afectan el proceso migratorio en la región de Tijuana.
Pérez Tejada también proporcionó detalles específicos sobre las responsabilidades de los oficiales investigados. Contrario a lo reportado inicialmente, aclaró que Marte Antonio desempeñaba funciones en la garita de El Chaparral durante el turno matutino y no estaba asignado como jefe de la estación migratoria. Por otro lado, María Elizabeth, lejos de ser la secretaria particular de su esposo, se ocupaba de tareas administrativas, incluyendo la atención a menores no acompañados.
Este anuncio del delegado del INAMI pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la institución en su lucha contra la corrupción, subrayando el compromiso de adoptar medidas correctivas para asegurar la integridad de sus operaciones y el respeto hacia los derechos de los migrantes.
