By En la mañana del jueves 4 de abril, un grupo de locales improvisados establecidos dentro de una gasolinera abandonada en el bulevar Insurgentes, Tijuana, fue desalojado en una operación coordinada por personal del Ayuntamiento y la Policía Municipal.
El desalojo comenzó alrededor de las 6:30 A.M., sorprendiendo a los comerciantes que habían encontrado en este espacio una oportunidad para llevar a cabo sus actividades comerciales.
Elíseo Diaz de la Cruz, quien se identificó como encargado del lugar, expresó su desconcierto y descontento frente a la situación, alegando falta de notificación previa y describiendo el procedimiento de desalojo como violento.
“Nos sentimos desprotegidos, desamparados por lo que está sucediendo, no nos pueden desalojar violentamente,” declaró Diaz de la Cruz, anunciando su intención de buscar protección legal a través de un amparo.
Los afectados, aproximadamente 15 locatarios que ofrecían servicios y productos variados como barbería, electrónicos y flores, se vieron forzados a retirar sus pertenencias de las instalaciones.
A pesar de las afirmaciones del encargado sobre la falta de advertencia, se observaron avisos de desalojo sellados por el despacho del Ayuntamiento en algunos de los artículos removidos.
Este incidente pone de relieve las tensiones entre el uso no autorizado de propiedades abandonadas para fines comerciales y las regulaciones municipales que buscan mantener el orden y la legalidad en el uso del espacio urbano.
La situación generó un ambiente de incertidumbre y frustración entre los comerciantes desalojados, quienes ahora enfrentan el reto de encontrar un nuevo espacio para continuar con sus actividades económicas.
