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🔹 La reforma al Código Penal busca frenar abusos legales y proteger el patrimonio de las familias bajacalifornianas.
🔹 Diputados Diego Echevarría y Ramón Vázquez impulsaron la iniciativa.
Mexicali, B.C. — El Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 325 del Código Penal de Baja California, con el propósito de fortalecer el combate al fraude procesal y proteger el patrimonio de las familias bajacalifornianas frente a maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlas de sus bienes.
La modificación, impulsada por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, establece sanciones más severas para quienes incurran en este delito, en especial cuando se trate de abogados, patronos o litigantes.
En estos casos, además de una pena de prisión que puede ir de uno a seis años, se impondrá la suspensión e inhabilitación profesional por un periodo de hasta cinco años, con lo que se busca inhibir prácticas deshonestas dentro del ámbito jurídico.
“El fraude procesal ocurre cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido. Esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso legítimo a la justicia”, señaló el diputado Diego Echevarría al presentar su iniciativa.
Echevarría destacó que la reforma fortalece el Estado de derecho y combate la simulación en los juicios, garantizando mayor transparencia y confianza en el sistema de justicia.
Por su parte, el diputado Ramón Vázquez subrayó que el derecho procesal mexicano ha evolucionado como una herramienta esencial para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad de los procesos judiciales.
“En un sistema penal acusatorio y con una ciudadanía más exigente en materia de legalidad, el combate al fraude procesal se vuelve una prioridad. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza pública, por lo que debemos sancionarlo con firmeza”, afirmó.
Ambos legisladores coincidieron en que el propósito de fondo de la reforma es cuidar y proteger la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de ‘profesionales del derecho’ recurren a maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.
