By TIJUANA.– Ante los pronósticos que advierten la posible llegada de lluvias atípicas y precipitaciones de mayor volumen a Baja California, el Gobierno del Estado activó una estrategia preventiva que pone bajo revisión la infraestructura hídrica, las zonas de riesgo y, particularmente, la canalización del Río Tijuana.
Por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el coordinador de Gabinete Estatal, Ariel Lizárraga Montero, convocó a una mesa de trabajo con autoridades estatales, municipales y federales para coordinar acciones ante el fenómeno climático denominado “Súper Niño”, cuya presencia podría generar condiciones de lluvia extraordinarias en la región.
El primer frente será la infraestructura. La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) realizará una revisión de las condiciones operativas de los organismos operadores de agua de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de identificar posibles puntos vulnerables y fortalecer la capacidad de respuesta ante fuertes escurrimientos.
Pero el riesgo no se limita a calles e infraestructura. Protección Civil acordó iniciar notificaciones formales a familias y personas que viven en zonas identificadas con alto riesgo de inundaciones o deslaves, como una medida preventiva para evitar que una emergencia meteorológica pueda convertirse en una tragedia.
Uno de los puntos que concentra mayor atención es la canalización del Río Tijuana. Durante la reunión, la titular de la CESPT, Mónica Vega Aguirre, presentó un diagnóstico sobre las condiciones actuales de la infraestructura pluvial y los trabajos de limpieza realizados por la paraestatal.
El análisis advierte la presencia de distintos elementos que pueden obstruir el flujo del agua en algunos puntos de los cauces, por lo que se planteó reforzar las labores de limpieza y preparar intervenciones en zonas urbanas y naturales.
Sin embargo, antes de que comiencen los trabajos de mayor intensidad en la canalización, las autoridades deberán atender una situación social que también representa un riesgo ante lluvias fuertes: las personas en situación de calle que actualmente viven en el cauce del Río Tijuana.
Lizárraga Montero instruyó a la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Protección Civil y otras dependencias a realizar un censo de las personas que permanecen en la canalización, con un plazo máximo de 10 días.
El levantamiento deberá realizarse bajo un esquema de respeto a los derechos humanos y con asistencia social. La instrucción es clara: primero atender a las personas en condición vulnerable y posteriormente avanzar con los trabajos pesados de limpieza y desazolve.
El problema, además, tiene una dimensión que rebasa las fronteras de México.
El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, informó que el Gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud formal relacionada con la necesidad de evitar que la basura y los escurrimientos provenientes de la canalización terminen afectando plantas tratadoras de agua del otro lado de la frontera.
Por ello, mantener despejado el Río Tijuana no solamente representa una tarea de prevención para la ciudad, sino también un asunto de impacto binacional, debido a la conexión de los flujos de agua entre ambos países.
El Ayuntamiento de Tijuana, a través de su secretario de Gobierno, Juan Ramón Vázquez, se comprometió a participar en las labores de limpieza con personal y equipo técnico.
Mientras tanto, Juan Antonio Chompa Abarca, de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua, refrendó el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para coordinar acciones de limpieza, prevención y atención ante los fenómenos climatológicos previstos.
La estrategia involucra a dependencias de los tres órdenes de gobierno y áreas estatales de Protección Civil, agua, medio ambiente, bienestar, inclusión social, salud, economía, derechos humanos y atención especializada.
El mensaje de las autoridades es preventivo: el objetivo es actuar antes de que lleguen las lluvias y no esperar a que el agua evidencie las fallas de infraestructura o ponga en riesgo a quienes viven en zonas vulnerables.
