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MEXICALI, B.C.– La ciudadanía tendrá un nuevo lugar en la mesa donde se decide el uso de los recursos públicos. El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la figura de testigo social, un mecanismo que permitirá que ciudadanos vigilen los procesos de contratación de obras y servicios.
La reforma, impulsada por el diputado Ramón Vázquez Valadez, modifica la Ley de Obras Públicas para que cada proceso de contratación relevante cuente con un observador acreditado, con derecho a voz, que pueda vigilar, evaluar y reportar irregularidades.
“La ciudadanía debe tener un asiento en la mesa cuando se trata del uso de recursos públicos”, señaló Vázquez. “Esta figura permite que las contrataciones se realicen bajo escrutinio ético y técnico”.
Con la aprobación de esta medida, Baja California se suma a la tendencia internacional de incorporar observadores ciudadanos en licitaciones públicas, en línea con compromisos como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Alianza para el Gobierno Abierto.
Los testigos sociales deberán estar inscritos en un padrón público administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y contar con acreditación técnica en materia de obra pública. Sus funciones incluirán:
- Observar y vigilar los procedimientos de contratación
- Proponer mejoras a los procesos
- Reportar irregularidades
- Elaborar un informe final con sus observaciones
El objetivo es recuperar la confianza ciudadana, garantizar la transparencia y reducir la discrecionalidad en el uso de dinero público.
