By Por Yolanda Caballero
Mexicali, B.C. — En una sesión legislativa que marcará un antes y un después en la política de género en Baja California, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de la Secretaría de las Mujeres, una reforma estructural promovida por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que sustituye al Instituto de la Mujer y redefine el papel del Estado en la garantía de los derechos de las mujeres.
Con esta decisión, la XXV Legislatura no solo avaló una transformación administrativa: respaldó una visión de Estado que reconoce, por fin, que la igualdad entre mujeres y hombres no se construye con discursos, sino con estructuras de poder capaces de incidir directamente en la vida pública.
La nueva Secretaría de las Mujeres nace con dientes: tendrá atribuciones clave para diseñar, coordinar y ejecutar políticas de equidad de género, intervenir en la planeación presupuestal con perspectiva de género, y articular acciones con los sectores público, privado, académico y social. En palabras simples, deja de ser un organismo de acompañamiento para convertirse en un actor de primer orden dentro del gobierno estatal.
Una reforma que trasciende lo simbólico
La reforma aprobada no es solo un cambio de nombre ni una medida cosmética. Se trata de una reingeniería institucional que implica la modificación de siete leyes estatales —incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— con el fin de hacer del enfoque de género un principio rector del aparato gubernamental.
“La desigualdad no se elimina con voluntad política, se elimina con acción pública sostenida y con instituciones capaces de transformarla”, sentenció la Gobernadora Marina del Pilar durante la presentación de la iniciativa. Sus palabras resonaron en el Pleno como una promesa de Estado: construir un Baja California donde las mujeres ya no tengan que pedir permiso para ejercer sus derechos.
El respaldo político: unánime y contundente
El dictamen, identificado como el No. 37 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue aprobado sin votos en contra. Pero no fue una aprobación pasiva: las diputadas Michel Sánchez y Alejandra Ang presentaron reservas clave que fortalecieron el marco legal, ampliando los alcances de la Secretaría y blindando su operatividad futura.
Este tipo de respaldo político, inédito en temas de género, refleja no solo el músculo legislativo del Poder Ejecutivo, sino también una sensibilidad creciente entre las y los legisladores respecto al papel que deben jugar las instituciones para combatir la violencia estructural que viven las mujeres.
Una deuda histórica que empieza a saldarse
Con la aprobación de esta reforma, el Congreso del Estado refrenda su compromiso con una política pública de género que deje de ser marginal y se convierta en prioritaria. No será un camino fácil: convertir esta nueva Secretaría en un instrumento eficaz dependerá de su presupuesto, de su autonomía técnica y de la voluntad real de toda la administración pública para aplicar su enfoque transversal.
Pero hoy, Baja California deja de ser un espectador en la lucha por los derechos de las mujeres. Hoy, el Estado mexicano —al menos en esta entidad fronteriza— empieza a saldar una deuda histórica.
Y lo hace con una decisión unánime que, si se traduce en resultados, podría convertirse en ejemplo nacional.
