By Con el argumento de que las leyes también pueden reproducir la discriminación, una diputada de Baja California propuso modificar la legislación estatal para eliminar términos considerados ofensivos hacia las personas con discapacidad y fortalecer el acceso a una educación verdaderamente inclusiva.
Las dos iniciativas fueron presentadas por la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, quien planteó cambios a las leyes de Educación y de Salud Pública del estado para incorporar un enfoque de derechos humanos y garantizar un trato más digno.
La primera propuesta reforma la Ley de Educación del Estado con el propósito de ampliar las acciones para lograr una educación inclusiva, al considerar que aún existen obstáculos que impiden que niñas, niños y adolescentes con discapacidad participen en igualdad de condiciones dentro de las escuelas.
La legisladora señaló que la falta de capacitación del personal educativo, la escasez de programas permanentes y la insuficiencia de materiales accesibles siguen limitando el aprendizaje, especialmente en comunidades rurales y zonas urbanas con mayores carencias.
La iniciativa también plantea que la responsabilidad de construir entornos inclusivos no recaiga únicamente en los docentes, sino que involucre a directivos, personal administrativo y familias para brindar un mejor acompañamiento a estudiantes con discapacidad, problemas de aprendizaje, aptitudes sobresalientes o cualquier barrera que dificulte su participación escolar.
La segunda propuesta modifica diversos artículos de la Ley de Salud Pública de Baja California para sustituir expresiones como “discapacitados” por “personas con discapacidad”, al considerar que el lenguaje utilizado en las normas debe respetar la dignidad de las personas y evitar términos que puedan resultar discriminatorios.
“El lenguaje importa: cuando la ley nombra con respeto, el Estado actúa con respeto. Por eso debemos eliminar términos que lastiman y adoptar un enfoque de derechos humanos en todo el sistema de salud”, afirmó la diputada.
De ser aprobadas por el Congreso local, ambas reformas actualizarían la legislación estatal conforme a los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de avanzar hacia una educación y servicios de salud más incluyentes.
