By Yolanda Caballero
Tijuana, BC. — En lo que va del año, Baja California ha intensificado su ofensiva contra quienes operan al margen de la ley ambiental. Con 247 empresas inspeccionadas hasta julio, el gobierno estatal envía un mensaje claro: no hay más espacio para la impunidad ecológica.
La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mónica Vega Aguirre, confirmó que más de la mitad de las revisiones se concentraron en Tijuana, epicentro industrial de la entidad. El dato no es menor: 123 de las inspecciones ocurrieron en esta ciudad fronteriza, donde el crecimiento económico ha ido muchas veces por delante de la normatividad.
Las irregularidades detectadas son contundentes. Las cifras hablan por sí solas: 132 empresas no contaban con manifiesto de impacto ambiental, 41 presentaban emisiones irregulares a la atmósfera, 28 no manejaban adecuadamente sus residuos, 17 realizaban descargas no permitidas, y 8 superaban los límites de ruido establecidos. Otras 21 registraron faltas diversas.
De estas revisiones, 136 surgieron a partir de denuncias ciudadanas. El resto se desarrolló en el marco de programas institucionales. “Cada inspección se realiza con orden formal. Cuidamos mucho el procedimiento, porque muchas de estas sanciones terminan peleándose en tribunales”, declaró Vega Aguirre.
La ofensiva ya ha generado consecuencias legales: 18 empresas fueron clausuradas, otras 27 están suspendidas y el resto enfrenta procedimientos abiertos. Las sanciones económicas acumuladas ya superan los 2.3 millones de pesos.
Uno de los casos más alarmantes fue el de una empresa en el Parque Industrial Otay, suspendida esta semana tras operar cinco años sin licencia de emisiones ni manifiesto de impacto ambiental. “No podemos seguir tolerando operaciones clandestinas. La instrucción es clara: si no hay cumplimiento, hay sanción”, sentenció la funcionaria.
Vega hizo un llamado a los empresarios: abstenerse de ofrecer dádivas a los inspectores y no obstruir el proceso. “El desconocimiento de la ley no los exime. Cumplir con la normatividad no es opcional”, subrayó.
La administración estatal apuesta por una supervisión rigurosa, legalmente blindada, que ponga en el centro la protección del medio ambiente ante el crecimiento industrial. En Baja California, la tolerancia a la contaminación parece tener los días contados.
