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Para evitar que pequeños productores, campesinos y ejidatarios paguen costos notariales desproporcionados al rentar tierras de cultivo o agostadero, el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez propuso modificar el Código Civil de Baja California.
Actualmente, la ley establece que un contrato de arrendamiento de un predio rústico debe formalizarse mediante escritura pública cuando la renta supera los 5 mil pesos al año, es decir, poco más de 416 pesos mensuales.
El legislador señaló que ese monto quedó desactualizado frente al aumento de la inflación y de los valores de los terrenos, por lo que prácticamente cualquier contrato de renta de tierras puede superar actualmente ese límite.
💰 La situación, advirtió, puede representar gastos notariales adicionales para pequeños productores y ejidatarios, aun cuando se trate de operaciones de menor cuantía.
📑 Por ello, la iniciativa plantea sustituir el monto fijo de 5 mil pesos por un parámetro de 1,605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, con el objetivo de que el límite se actualice automáticamente conforme cambien las condiciones económicas.
🌱 La propuesta busca que la obligación de acudir ante un notario se concentre en arrendamientos rurales de mayor relevancia económica, mientras que los contratos de menor cuantía tengan requisitos más acordes con la realidad del campo.
⚖️ Además, la reforma pretende dar mayor certeza jurídica a quienes rentan y toman en arrendamiento tierras, así como armonizar el Código Civil estatal con la legislación federal en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
