By El Congreso del Estado aprobó una modificación constitucional que amplía las obligaciones de las autoridades en materia de vivienda, incorpora criterios como servicios públicos, ubicación y seguridad jurídica, y plantea medidas contra la especulación inmobiliaria cuando afecte el interés público.
El acceso a una vivienda adecuada tendrá nuevas bases en la Constitución Política de Baja California, luego de que el Congreso estatal aprobara una reforma que busca ampliar las herramientas de las autoridades para atender el rezago habitacional y dar prioridad a las personas de menores ingresos y grupos en situación de vulnerabilidad.
Durante la sesión ordinaria del Pleno fue aprobado el dictamen 110 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Jaime Cantón Rocha.
La modificación incorpora características que deberán considerarse para determinar si una vivienda es adecuada, entre ellas la habitabilidad, disponibilidad de servicios públicos, ubicación, seguridad jurídica y pertinencia cultural.
Uno de los datos que dimensionan el problema es el rezago habitacional. De acuerdo con el Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027, éste alcanza el 42 por ciento, cifra retomada como parte del diagnóstico que sustenta la modificación constitucional.
La reforma establece que las políticas públicas deberán atender prioritariamente a personas con bajos ingresos, así como a mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros sectores en condiciones de vulnerabilidad.
Otro de los cambios relevantes para la ciudadanía es la obligación del Estado de contar con mecanismos para impedir la especulación del suelo y de la vivienda cuando estas prácticas afecten el interés público.
El nuevo marco también reconoce el derecho de las personas a adquirir una vivienda adecuada y establece responsabilidades para el Estado y los municipios en la creación de instrumentos, políticas y apoyos relacionados con construcción, rehabilitación, conservación, financiamiento y adquisición de inmuebles.
Las medidas podrán involucrar a los sectores privado y social. Además, se plantea favorecer viviendas ubicadas en zonas que cuenten con infraestructura, servicios, accesibilidad y condiciones que permitan una movilidad urbana sustentable.
Con la modificación constitucional, el reto pasará de establecer el derecho en la legislación a traducirlo en políticas, mecanismos y apoyos que permitan ampliar las opciones reales de vivienda para la población de Baja California.
