En una región donde miles de mujeres transitan entre México y Estados Unidos, el acceso a la justicia no debería detenerse ante una línea fronteriza.
Para las mujeres que enfrentan violencia de género, cruzar una frontera puede significar nuevos desafíos: sistemas legales distintos, barreras institucionales y la incertidumbre de encontrar protección lejos de su lugar de origen.
Bajo esta perspectiva, el Consulado General de México en San Diego, encabezado por Alicia Kerber Palma, convocó al diálogo binacional “Violencia sin fronteras, mujeres que las cruzan”, un encuentro que reunió a especialistas, autoridades y organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres.
Durante el foro, Magdalena Bautista Ramírez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Baja California, destacó la importancia de construir mecanismos de atención que trasciendan las jurisdicciones nacionales, evitando que las víctimas enfrenten nuevos procesos de revictimización.
Uno de los avances expuestos fue el acuerdo de colaboración entre instituciones de justicia de Baja California y San Diego, que busca facilitar el acompañamiento jurídico, psicológico y social de mujeres que requieren protección en ambos lados de la frontera.
Con presencia en Tijuana, Mexicali y San Quintín, el CEJUM ofrece servicios gratuitos de atención integral, mientras fortalece su vinculación con organismos estadounidenses.
El desafío va más allá de los acuerdos institucionales: lograr que cada mujer, independientemente de su situación migratoria o del territorio donde se encuentre, pueda acceder a orientación, protección y justicia efectiva.
Porque ninguna frontera debería convertirse en refugio para la violencia ni en límite para los derechos de las mujeres.
















