TIJUANA, Baja California.– La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California reconoció una vulneración de seguridad en sus cuentas institucionales de WhatsApp, utilizadas para recibir reportes y mantener comunicación con familiares de personas desaparecidas.
El incidente ocurrió el 16 de noviembre, cuando se detectó la intervención de un tercero en algunas conversaciones y el envío de mensajes no autorizados a contactos registrados en la plataforma, según informó la propia dependencia.
La irregularidad afectó canales de comunicación utilizados por familias que recurren a la institución para reportar desapariciones y dar seguimiento a los procesos de búsqueda.
En un comunicado, la Comisión señaló que solicitó la intervención de su Departamento de Sistemas, que logró recuperar el acceso a las cuentas y restablecer el control de los canales oficiales.
Sin embargo, la dependencia no precisó cuántas conversaciones fueron intervenidas, el número de contactos que recibieron mensajes no autorizados ni si la información compartida por familiares pudo quedar expuesta durante el incidente.
Tampoco detalló cómo se produjo el acceso de terceros a las cuentas institucionales.
Ante lo ocurrido, la Comisión pidió a la ciudadanía ignorar los mensajes sospechosos recibidos durante el periodo señalado, evitar abrir enlaces o archivos desconocidos y no compartir documentos, fotografías, información personal ni otros datos sensibles.
“Atendimos este incidente con la mayor celeridad para garantizar la seguridad de nuestras plataformas y proteger la información de las familias; pedimos a la ciudadanía mantenerse atenta e informar de inmediato cualquier anomalía”, declaró Jorge Alberto Aguirre Carbajal, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
El organismo, adscrito al gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el control de las cuentas institucionales fue restablecido.
El comunicado oficial no informó sobre la presentación de alguna denuncia por el acceso no autorizado ni sobre posibles investigaciones para identificar a los responsables.
La intervención de estos canales plantea interrogantes sobre la protección de las comunicaciones entre las autoridades y las familias de personas desaparecidas, particularmente por el carácter sensible de la información que puede intercambiarse durante los procesos de búsqueda.
















