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Diputada Montse Murillo propone cambios a la Ley de Educación para atender a niñas, niños y jóvenes de comunidades indígenas, afromexicanas y familias jornaleras migrantes.
Mexicali, B.C., miércoles 7 de octubre de 2026.– En Baja California, muchas familias jornaleras tienen que trasladarse de una comunidad a otra en busca de trabajo. Esta situación puede dificultar que sus hijas e hijos ingresen a la escuela, continúen sus estudios o terminen el ciclo escolar.
Ante esta realidad, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para modificar la Ley de Educación de Baja California, con el propósito de fortalecer el derecho a la educación de las comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleras agrícolas.
La propuesta busca que las necesidades de estas familias sean reconocidas expresamente en la ley, especialmente en regiones como el Valle de San Quintín, donde existe una importante población de trabajadores agrícolas de origen indígena.
Otro de los puntos importantes es que las comunidades indígenas y afromexicanas sean escuchadas antes de tomar decisiones educativas que puedan afectarles.
Para ello, se plantea que las autoridades educativas realicen consultas previas, libres e informadas, en coordinación con instituciones especializadas y con la participación de las autoridades tradicionales y representantes de las comunidades.
Además, la iniciativa propone crear un comité que dé seguimiento a estas consultas, para que las comunidades participen directamente en los asuntos educativos que les corresponden.
La propuesta también busca que las escuelas reconozcan y preserven la historia, las lenguas, las tradiciones y los conocimientos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esto permitiría que los saberes de cada comunidad puedan formar parte de los contenidos educativos, respetando su identidad cultural.
Con esta iniciativa, Montse Murillo plantea adecuar la legislación estatal a la Ley General de Educación, poniendo sobre la mesa tres temas: el acceso y la continuidad escolar de las familias migrantes, la participación de las comunidades en las decisiones educativas y la preservación de su cultura.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar su aprobación.
