By
Por Yolanda Caballero
Mexicali.— En un movimiento que podría sacudir los cimientos del sistema de financiamiento partidista en México, el Congreso del Estado de Baja California aprobó una iniciativa que plantea reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos. La propuesta, encabezada por el diputado morenista Juan Manuel Molina García, busca que cada entidad federativa tenga el poder de decidir cómo, cuánto y a quién financiar políticamente, conforme a su propia realidad económica y social.
La reforma —que modifica el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos— no es menor: cuestiona el modelo nacional centralista que por años ha sido criticado por imponer un esquema homogéneo a una República profundamente heterogénea.
“Las reglas deben adaptarse a las condiciones de cada estado. No podemos seguir financiando partidos con criterios que ignoran las diferencias en desarrollo, población y prioridades locales”, sentenció Molina García ante el Pleno, en una sesión que no pasó desapercibida.
Un golpe al gasto político
El debate, cargado de tensión y posturas divididas, desembocó en la aprobación del Dictamen No. 38 con 21 votos a favor. Morena, PVEM, PT, MC, PAN y PRI coincidieron en algo inusual: es tiempo de poner límites al dinero que fluye hacia las estructuras partidistas. En contraste, la diputada del PES votó en contra y el legislador de Fuerza por México se abstuvo, dejando clara la fractura ideológica en torno al tema.
Molina García además logró incluir una reserva clave: que la reforma también aplique a los partidos nacionales con registro local. Esto amplía significativamente el alcance de la propuesta, evitando que los grandes institutos políticos encuentren resquicios legales para seguir recibiendo fondos desproporcionados en los estados.
¿El principio de una nueva era?
El dictamen será enviado al Congreso de la Unión, donde deberá enfrentarse a una realidad más compleja. Pero en Baja California, la semilla del cambio ya está sembrada.
Expertos consideran que esta medida podría marcar el inicio de una ola de reformas a nivel nacional, donde el financiamiento partidista sea revisado con lupa y se privilegie la eficiencia sobre el despilfarro. En un país donde el descrédito hacia la clase política sigue creciendo, la propuesta representa un mensaje claro: los partidos deben adaptarse o enfrentar la indignación ciudadana.
“Esta iniciativa no es contra los partidos, es a favor de la ciudadanía”, aseguró Molina. El mensaje resonó no sólo en el recinto legislativo, sino en cada rincón donde los ciudadanos exigen mayor transparencia, austeridad y justicia en el uso del dinero público.
Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso de la Unión. Pero desde Mexicali, Baja California ha hablado fuerte y claro.
