By Mientras miles de madres jefas de familia en Baja California luchan solas para sacar adelante a sus hijas e hijos, los deudores alimentarios siguen campantes, protegidos por la omisión de las autoridades. El Congreso del Estado ya lo dijo claro y fuerte: urge que el Poder Judicial haga su trabajo y se integre de inmediato al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. No es una sugerencia: es una exigencia.
Porque no, no se trata de un capricho ni de una medida decorativa. Esta herramienta, establecida por la “Ley Sabina”, es clave para que quienes abandonan a sus hijas e hijos enfrenten consecuencias reales: desde la restricción para ocupar cargos públicos hasta limitaciones en trámites oficiales. Es simple: no puedes tener derechos si no cumples con tus obligaciones más básicas.
La diputada Michel Sánchez lo dijo sin rodeos desde tribuna: esta omisión no es un detalle técnico. Es una revictimización directa. Es dejar en el abandono a la niñez y a quienes, en soledad, cargan con el peso de la crianza. Y es también obstaculizar la aplicación de la ley, que ya fue aprobada y publicada, tanto a nivel federal como estatal.
¿Cuántos años más va a seguir posponiéndose el cumplimiento del derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes por “cuestiones administrativas”? ¿Cuánto más se les va a proteger a quienes deciden no cumplir con lo que les toca?
Hoy, 26 estados ya reportan al Registro Nacional. Baja California no puede seguir actuando como refugio de irresponsables. Es momento de quitarse la venda de los ojos, aplicar la ley sin titubeos y poner en evidencia a quienes deben lo más básico: la manutención de sus propios hijos.
Basta de solapar. Basta de complicidad institucional. Ya es hora de que el Poder Judicial cumpla, se incorpore al sistema y deje de postergar la justicia para las familias abandonadas.
Porque quien no cumple, no merece ni privilegios ni anonimato.
