Política

Buscan fortalecer la protección de las mujeres en Baja California; proponen reconocer nuevas formas de violencia

 

Mexicali, B.C.– Con el propósito de ampliar la protección de los derechos de las mujeres y cerrar vacíos en la legislación, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California.

La propuesta plantea reconocer la omisión intencional como una forma de violencia física cuando una persona, de manera deliberada, deja de actuar con el propósito de causar daño o poner en riesgo a otra. La legisladora señaló que este tipo de conductas también pueden generar afectaciones graves, tanto en la integridad física como emocional de las víctimas, por lo que considera necesario que sean visibilizadas y sancionadas.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, también busca reforzar las acciones para prevenir la violencia política en razón de género, una problemática que, de acuerdo con la exposición de motivos, sigue limitando la participación de las mujeres en la vida pública.

Entre las conductas que pretende combatir se encuentran las amenazas, el acoso, la difamación, la exclusión, las presiones indebidas y otras agresiones que pueden presentarse durante campañas electorales, procesos de elección o en el desempeño de un cargo público.

Otro de los cambios propuestos es incorporar de manera formal a la Secretaría de Cultura de Baja California en las estrategias de prevención de la violencia de género. La dependencia impulsaría contenidos culturales y artísticos con perspectiva de género, además de promover talleres, exposiciones, festivales y producciones audiovisuales orientadas a fomentar la igualdad y eliminar estereotipos que normalizan la violencia contra las mujeres.

Asimismo, la reforma plantea otorgar mayores responsabilidades al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para prevenir y atender casos de violencia política de género, mediante la creación de protocolos de actuación y la prestación de asesoría jurídica a las víctimas durante los procesos de denuncia y sanción.

De ser aprobadas, las modificaciones buscarían fortalecer la atención, prevención y protección de las mujeres frente a distintas manifestaciones de violencia en el estado

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