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En los municipios de Baja California, los cambios en los mandos de seguridad pública municipal se han vuelto parte del paisaje político: titulares que llegan con promesas de limpieza y resultados, y que después desaparecen del cargo con un comunicado escueto que habla de “renuncia por motivos personales”.
Pero, ¿qué pasa con los resultados, los pendientes, los números que dejaron tras su paso? La respuesta es casi siempre la misma: silencio.
La diputada Alejandrina Corral Quintero asegura que esa opacidad ya no puede continuar. Por ello presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Régimen Municipal, que obligaría a que todo titular de seguridad pública municipal entregue un informe detallado al dejar el cargo, ya sea por renuncia o por remoción.
La legisladora recuerda que en un estado donde la percepción de inseguridad alcanza cifras preocupantes —78.2% en Mexicali y 68.7% en Tijuana, según el INEGI— no se puede permitir que los responsables de velar por la seguridad salgan “por la puerta de atrás”, sin explicar qué hicieron y qué no.
“En muchos casos no son renuncias voluntarias, sino salidas forzadas por presiones políticas o reclamos de la sociedad por ineficiencia”, advierte Corral.
La propuesta, turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, también busca que los informes sirvan de insumo para que alcaldes y alcaldesas elijan con mayor rigor a quienes encabezarán una de las áreas más sensibles para la ciudadanía.
Porque al final, la seguridad pública no es un puesto que se abandona con un papel en blanco: es un tema de vida o muerte para miles de bajacalifornianos.
