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Yolanda Caballero
Mexicali, B.C. – En un acto de unidad pocas veces visto en el recinto legislativo, el Congreso del Estado aprobó por votación unánime un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo y a los gobiernos municipales de Baja California, para que se garantice un salario digno a los cuerpos policiales de la entidad, uno que esté a la altura del riesgo y compromiso que exige su labor diaria.
La iniciativa, presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, busca establecer un salario base de $21,500 pesos netos mensuales, con una proyección clara: elevar esa cifra hasta los $35,000 pesos, como ocurre en entidades que han priorizado la seguridad pública como política de Estado, tal es el caso de Monterrey.
“No se puede permitir que un policía gane menos que un delincuente. Cuando eso ocurre, el principal responsable es el propio gobierno”, lanzó Echevarría desde tribuna, en un mensaje tan contundente como necesario.
Y es que el contexto no da espacio a la indiferencia: Baja California ocupa el quinto lugar nacional en incidencia delictiva, con 2,400 homicidios anuales y más de 22,000 personas desaparecidas, de acuerdo con datos de colectivos de búsqueda. Pese a ello, los policías estatales y municipales sobreviven con sueldos que oscilan entre los $16,000 y $17,000 pesos mensuales.
La propuesta legislativa no se limita al tema salarial. El exhorto también contempla mejorar el equipamiento, la capacitación y las condiciones operativas de las corporaciones. Porque no es aceptable —ni sostenible— que los delincuentes cuenten con armamento y vehículos de mayor capacidad que las propias fuerzas del orden, advirtió el legislador.
Durante la sesión, el respaldo fue palpable: representantes de múltiples asociaciones policiales estuvieron presentes en el Congreso, entre ellas la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Orden y Paz, la Fraternidad Policiaca de Mexicali y los Policías Unidos de San Quintín y San Felipe. A todos ellos, Echevarría reiteró su respaldo firme y su compromiso por encabezar la lucha por la dignificación del servicio policial.
El exhorto también hace un llamado a que, en el marco de la discusión de las leyes de ingresos y presupuestos municipales para 2026, se garanticen recursos etiquetados para seguridad pública, bajo los principios de autonomía hacendaria y responsabilidad constitucional.
A la propuesta se sumaron diputadas y diputados de distintos colores partidistas, incluyendo a Daylín García, Jorge Ramos, Fidel Mogollón, Montserrat Murillo, Tere Ruiz y Humberto Valle, demostrando que la seguridad ciudadana es, o al menos debería ser, un tema que trasciende ideologías.
El balón está ahora en la cancha del Ejecutivo y los Ayuntamientos. La exigencia es clara: no más discursos, sino presupuestos. Porque quienes se juegan la vida por proteger a la sociedad, merecen algo más que aplausos.
