By Mexicali.– La diputada Yohana Gilvaja denunció desde la tribuna del Congreso que inspectores municipales de Tijuana estarían cobrando cuotas ilegales de hasta 500 pesos semanales a comerciantes en situación vulnerable, bajo la tolerancia del gobierno encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.
“Son auténticas extorsiones”, acusó la legisladora, al relatar casos de personas que venden ropa usada afuera de sus casas y que son hostigadas por servidores públicos del Ayuntamiento. “Imagínense lo triste que es ver a alguien vendiendo prendas en 10 o 20 pesos, y enterarte que un inspector quiere cobrarle por hacerlo”, añadió.
Gilvaja advirtió que estas prácticas golpean directamente a los microemprendedores, el sector que sostiene buena parte de la economía local, y pidió al alcalde poner fin a los abusos. Propuso sustituir la persecución por programas de orientación y acompañamiento que ayuden a los vendedores informales a regularizarse, en lugar de exprimirlos con sobornos disfrazados de “cuotas”.
En el mismo exhorto, la diputada también exigió la publicación inmediata del reglamento sobre vidrios polarizados, aprobado hace meses por el Cabildo, pero que sigue sin aparecer en el órgano oficial de difusión. La omisión —dijo— ha abierto la puerta a más actos de corrupción policial, pues algunos agentes de tránsito aprovechan el vacío legal para extorsionar a automovilistas.
“El propósito del polarizado no es ocultar delitos, sino protegerse del sol. Pero la falta de reglas claras deja a los ciudadanos a merced de la discrecionalidad de los agentes”, sostuvo.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el exhorto, que pone bajo la lupa al Ayuntamiento de Tijuana por dos temas sensibles: la corrupción cotidiana y la indolencia burocrática que alimenta el abuso de autoridad.
