By La Fiscalía General del Estado judicializó a 37 mil 895 personas y obtuvo más de 14 mil medidas cautelares para garantizar la comparecencia de imputados y la protección de las víctimas.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó 113 mil 321 carpetas de investigación durante la actual administración, como resultado del fortalecimiento del trabajo ministerial, técnico y jurídico encaminado al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia para las víctimas.
Bajo la conducción de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, la institución reforzó las labores de investigación y persecución penal, consideradas entre sus funciones centrales.
Durante el periodo informado y en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emitieron 141 mil 836 determinaciones ministeriales. Además, mediante el trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los Servicios Periciales, se logró reducir en 80 por ciento el rezago de averiguaciones previas y en 62 por ciento el correspondiente a carpetas de investigación heredadas.
En materia de judicialización, el Ministerio Público llevó ante los tribunales a 37 mil 895 personas, cifra que representa un incremento del 11 por ciento respecto al periodo anterior. Asimismo, se obtuvo la vinculación a proceso de 15 mil 410 imputados.
Para garantizar la comparecencia de las personas imputadas y brindar protección a las víctimas, la FGE obtuvo 14 mil 719 medidas cautelares. De ellas, 5 mil 531 correspondieron a prisión preventiva, lo que representa un incremento del 259 por ciento respecto al inicio de la actual gestión.
Como resultado de las diligencias ministeriales y de las acciones de persecución penal, también se obtuvieron 9 mil 547 resoluciones que pusieron fin a procesos penales.
De ese total, 2 mil 400 fueron sentencias condenatorias, mil 260 acuerdos reparatorios y 5 mil 887 suspensiones condicionales del proceso.
De acuerdo con la FGE, estos resultados forman parte de las distintas vías de solución contempladas en la legislación y de las acciones emprendidas para atender los asuntos sometidos al sistema de justicia penal.
