By Tijuana.- Desde que inició la administración del XXIII Ayuntamiento, la síndico de Tijuana María del Carmen Espinoza Ochoa, destaca por su vanidad y su pobre conocimiento sobre la labor que debe ejercer en la administración pública.
La nutrióloga de profesión, presumió que procesaría al ex alcalde ‘El Patas’ y sus ex funcionarios. Ya pasó más de un año y no lo hizo.
Por el contrario, sin importarle la pandemia, a su personal lo puso a laborar, según ella para vigilar al actual municipio.
En las sesiones de Cabildo discute sin ton ni son con los regidores y como es su costumbre, los acusa sin sustento.
Penalmente, la sindica fue denunciada por el abogado Carlos Atilano por el uso indebido de recursos públicos.
En marzo de 2020, aseguró denunciaría penalmente a una ex funcionaria de Comunicación Social.
La joven ligada con Víctor Lagunas Peñaloza, asesor y mandamás con Juan Manuel Gastélum, ‘El Patas’, sirvió de prestanombres para cobrar contratos.
Y Espinoza Ochoa tampoco hizo nada. Pareciera que ella y el panista ‘fueran compas’, tanto así que ahora busca entrevistas a modo con quién presumía iba a encarcelar.
Eso sí, usó los recursos públicos del Ayuntamiento para registrase como precandidata de MORENA a la Alcaldía de Tijuana, es decir en su oficina se sirvió con la cuchara grande.
Por eso el Partido de Baja California (PBC) y el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) la denunciaron en la Fiscalía General de la República.
Cometió un delito en materia federal María del Carmen Espinoza, ‘Meli’ como le llaman sus amigos.
«La denuncia se hace por utilizar recursos propios del ayuntamiento en horarios laborales para solicitar y promover su registro como aspirante a la presidencia municipal de Tijuana por el instituto político MORENA», precisó Carlos Atilano, aspirante a la gubernatura por el PBC.
Esa conducta de la síndico, es un acto de abuso de autoridad y está tipificado en la ley de delitos electorales.
Ahí es claro, un funcionario público no debe hacer uso de recursos públicos para darle destino electoral.
Atilano comentó que son 2 denuncias ante las fiscalías federales y Estatal.
«No queremos que tenga influencia el gobernador por la relación directa y personal que existe entre estos dos servidores públicos. Lo que queremos es que se abra una carpeta de investigación sería por parte de la federación y que no tenga influencia local», concluyó.
