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Mexicali, B.C., 30 de agosto de 2026.- El patrimonio que una persona construye durante toda una vida podría quedar en riesgo ante fraudes, despojos o abusos, por lo que en el Congreso de Baja California se propuso reforzar la protección legal de las personas adultas mayores sobre sus bienes.
La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado, el Código Civil y la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de establecer mayores candados para evitar que una persona pierda ilegalmente su vivienda o que sus bienes sean utilizados en trámites fraudulentos.
Uno de los casos que puso el tema bajo la lupa ocurrió este 2026 en Mexicali, donde autoridades estatales detectaron y frenaron un intento de fraude inmobiliario en el que presuntamente se utilizó un acta de defunción falsificada para intentar iniciar de manera ilegal un juicio sucesorio.
El caso no sería aislado. De acuerdo con la exposición presentada ante el Congreso, también existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado relacionadas con irregularidades en la expedición de actas de defunción.
Actualmente, para iniciar determinados trámites basta con presentar una copia del acta de defunción, sin que necesariamente exista una verificación inmediata de su autenticidad ante el Registro Civil. Para la legisladora, esa falta de comprobación representa una vulnerabilidad que puede ser aprovechada para intentar apropiarse de propiedades.
Pero el problema no termina ahí.
Otro de los puntos que busca atender la iniciativa son las donaciones de viviendas realizadas por adultos mayores a hijos, familiares u otras personas de confianza.
La situación puede volverse crítica cuando una persona entrega legalmente su casa pensando que podrá continuar viviendo en ella y, con el paso del tiempo, termina sin un lugar donde vivir.
La propuesta busca establecer mayores garantías para que los adultos mayores puedan disponer de su patrimonio con libertad, pero también con mecanismos que reduzcan el riesgo de engaños, abusos o despojos.
Porque detrás de una casa no solamente hay escrituras y paredes: muchas veces está el esfuerzo de toda una vida de trabajo, ahorro y sacrificios.
La iniciativa plantea que la protección patrimonial no debe significar decidir por las personas adultas mayores, sino garantizar que sus decisiones sean respetadas y que nadie pueda aprovecharse de ellas para quitarles lo que construyeron durante décadas.
