By Yolanda Caballero
Después de casi una década de disputas legales, inconformidad ciudadana y decisiones administrativas cuestionadas, el Ayuntamiento de Tecate dio por terminado el contrato con Iberparking, empresa concesionaria del sistema de parquímetros, y asumió nuevamente el control del espacio público regulado en la ciudad.
El contrato original fue firmado el 13 de septiembre de 2016 bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). Según el acuerdo, los ingresos por parquímetros se repartirían en partes iguales: 25 % para operación, 25 % para el municipio, 25 % para el pago de financiamientos y 25 % para la recuperación del socio privado. En la práctica, esto significaba que solo una cuarta parte del dinero quedaba en manos del Ayuntamiento, lo que provocó molestia entre la ciudadanía desde el inicio.
En junio de 2017, la administración municipal en turno decidió dejar sin efectos el contrato. Sin embargo, esa medida fue impugnada y derivó en un juicio de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la cancelación. Finalmente, el 2 de mayo de 2019, el contrato recobró plena vigencia, dejando abierta la posibilidad de que Iberparking continuara operando.
La presión ciudadana
La inconformidad nunca desapareció. El 17 de noviembre de 2024, el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal (INPLADEM) organizó una consulta ciudadana, en la que el 89.39 % de los participantes votó a favor de cancelar el contrato y devolver la operación al municipio.
Con ese resultado en mano, el Cabildo aprobó en sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 2024 la autorización para que el presidente municipal llevara a cabo la terminación del contrato y creara un Comité de Vigilancia. Dicho órgano quedó integrado por la Sindicatura Municipal y representantes de colegios de abogados y contadores locales, y fue instalado el 24 de enero de 2025. Desde entonces, supervisó las propuestas y negociaciones con la empresa.
La negociación y el acuerdo
El 31 de enero de 2025, el Ayuntamiento notificó a Iberparking su intención de cancelar el contrato de forma unilateral. Tres días después iniciaron mesas de negociación que culminaron con un acuerdo.
Según la administración, el convenio representó un ahorro del 83.17 % respecto a la penalización económica que originalmente se exigía por parte de la empresa. El resultado, aseguran, se traduce en un beneficio directo para las finanzas públicas.
El valor económico del espacio público
En paralelo, el municipio calculó el potencial de ingresos de los parquímetros. Se identificaron 996 cajones activos, con tarifa de 12 pesos por hora, operando de lunes a sábado en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
Tomando en cuenta el periodo entre junio de 2017 y octubre de 2025, el flujo potencial de recursos asciende a 299.4 millones de pesos. Ese dinero, que en el esquema original beneficiaba principalmente a la empresa privada, ahora quedará bajo control municipal.
El fin de un modelo desigual
Con la salida de Iberparking, el Ayuntamiento asegura que inicia una nueva etapa en la administración del espacio público. Lo que aún queda en el aire es cómo garantizará que los ingresos de los parquímetros se traduzcan en mejoras visibles para la ciudadanía y no en simples cifras administrativas.
Más allá de la narrativa oficial, el caso Iberparking deja al descubierto un patrón recurrente en Tecate y en muchos municipios del país: contratos firmados bajo esquemas de asociación público-privada que terminan beneficiando más a las empresas que a los habitantes. La cancelación representa un triunfo para la presión ciudadana, pero también una prueba de fuego para el gobierno local, que ahora deberá demostrar que puede administrar esos recursos con transparencia y en beneficio real de la comunidad
