By Esta semana, la imagen lo dijo todo. Diputados federales de Baja California, sin excepción, se reunieron con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para cerrar filas, mostrar unidad y coordinar esfuerzos de cara a los retos legislativos por venir. Todos… menos una.
La gran ausente fue la diputada Araceli Brown Figueredo. Y aunque oficialmente no se ofreció explicación alguna por su falta, en los pasillos políticos —y también en los empresariales— nadie se tragó el cuento de la coincidencia.
La foto sale mejor, pensarán algunos. Porque lo cierto es que Brown arrastra un señalamiento que pesa más que su curul: el gobierno de Estados Unidos la identificó como presunta operadora política de una facción de “La Mayiza” en Playas de Rosarito, grupo al que —según la acusación— habría favorecido durante su gestión como alcaldesa (2019-2024).
Aunque no existe una investigación formal en México, ni ha sido citada por autoridad alguna, el señalamiento no pasó desapercibido. Y menos cuando incluso el sector empresarial se atrevió a ponerle nombre y apellido a lo que por años se murmuraba.
“Era un secreto a voces”, declaró sin rodeos Gustavo Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en declaraciones a medios locales. Las palabras retumbaron más que cualquier comunicado oficial.
Gustavo Torres, Presidente Consejo Coordinador Empresarial Rosarito
Pese a todo, Araceli Brown ha sido clara: no piensa pedir licencia ni separarse del cargo. Al menos no mientras no se le impute nada en México. Pero en política, la percepción pesa tanto como los hechos. Y la suya hoy no ayuda ni a su bancada ni al proyecto de la 4T en Baja California.
Porque en la política —como en la vida— a veces una sola ausencia dice más que mil presencias.
