By
Yolanda Caballero
MEXICALI, BC.— Baja California acaba de dar un paso importante —y también polémico— en materia de acceso a la información y protección de datos personales. El Congreso del Estado aprobó, por mayoría, la abrogación de las leyes vigentes en la materia para dar paso a dos nuevos ordenamientos que, según sus impulsores, buscan modernizar el sistema de transparencia y poner al estado a la par de los estándares nacionales.
El paquete legislativo fue presentado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y turnado a la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Juan Manuel Molina. Finalmente, este 13 de septiembre se aprobó en el Pleno, con el argumento de que era necesario unificar y simplificar el marco normativo para que la ciudadanía pueda ejercer de manera más efectiva su derecho a saber.
Lo que cambia
El dictamen incluye la creación de dos nuevas leyes:
- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional, que sustituye la norma anterior y agrega obligaciones de publicación proactiva, lenguaje ciudadano y criterios de reutilización de datos.
- Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público, que regula el manejo de información sensible de las y los ciudadanos por parte de todas las dependencias estatales.
Además, se redistribuyen funciones entre órganos de control de los tres poderes, con la promesa de mayor independencia y rendición de cuentas. Incluso se propone la creación de un nuevo ente garante, tentativamente llamado Transparencia para el Pueblo, adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Una apuesta por el gobierno abierto
El nuevo marco incorpora estándares de gobierno abierto, un modelo que promueve la colaboración entre sociedad y autoridades en la toma de decisiones. Esto implica que los datos públicos no solo estarán disponibles, sino que deberán ser fáciles de entender, reutilizables y abiertos a la participación ciudadana.
Expertos en el tema señalan que esta es una oportunidad para recuperar la confianza en las instituciones, siempre y cuando el sistema no se convierta en un filtro burocrático que haga más lento el acceso a la información.
Los retos
Aunque la reforma se presenta como un avance, surgen interrogantes:
- ¿Tendrá Transparencia para el Pueblo autonomía real o será un órgano controlado políticamente?
- ¿Podrán los órganos internos de control ejercer su papel sin presiones?
- ¿Tendrá la ciudadanía herramientas para exigir que las nuevas obligaciones se cumplan?
Organizaciones civiles dedicadas a la vigilancia de la transparencia han advertido que la verdadera prueba llegará cuando se presenten solicitudes de información incómodas para el gobierno o los poderes públicos. Ahí se sabrá si el nuevo sistema es más abierto o si solo cambió de nombre.
Lo que está en juego
En un estado que ha enfrentado denuncias de corrupción y opacidad en el uso de recursos públicos, esta reforma representa un momento decisivo. Si funciona, podría convertirse en modelo para otras entidades; si no, podría centralizar el control de la información en manos del Ejecutivo, debilitando la rendición de cuentas.
Por ahora, la ciudadanía tendrá que esperar la entrada en vigor de las leyes y ver si las promesas de transparencia se cumplen en la práctica.
