By Yolanda Caballero
MEXICALI, BC.— A partir de ahora, las contrataciones de obras y servicios en Baja California tendrán un nuevo observador: la sociedad. La XXV Legislatura del Congreso local aprobó por unanimidad la incorporación de la figura del testigo social, un mecanismo que permitirá a ciudadanos capacitados supervisar los procesos de licitación y vigilar el uso de los recursos públicos.
La reforma —impulsada por el diputado Ramón Vázquez Valadez y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano— modifica el artículo 4 y adiciona los artículos 33 Bis y 33 Ter de la Ley de Obras Públicas estatal.
Un “asiento en la mesa” para la sociedad
El testigo social será una persona física o moral inscrita en un padrón público que administrará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para participar, deberá contar con acreditación técnica en materia de obras públicas.
Durante los procesos de contratación, tendrá derecho a voz, con la facultad de:
- Vigilar que las decisiones se tomen con transparencia y legalidad.
- Detectar y reportar posibles irregularidades.
- Elaborar un informe final con recomendaciones y observaciones.
“En los últimos 20 años, gobiernos en todo el mundo han buscado abrir sus procesos de contratación al escrutinio ciudadano. Con esta reforma, Baja California se suma a ese esfuerzo global”, explicó el legislador Vázquez, quien subrayó que la medida busca generar confianza pública y fortalecer la rendición de cuentas.
Contra la opacidad en el gasto público
México ha enfrentado casos emblemáticos de sobreprecios y corrupción en obra pública, lo que ha generado desconfianza en la ciudadanía. La nueva figura busca evitar que los contratos millonarios se asignen en la oscuridad.
“Que la ciudadanía tenga un asiento en la mesa es fundamental. No se trata solo de vigilar, sino de construir procesos más justos y eficientes”, insistió Vázquez.
Compromiso internacional
Con esta reforma, Baja California alinea su legislación con compromisos asumidos por México en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Alianza para el Gobierno Abierto, que promueven mayor participación social en la gestión pública.
El reto será garantizar que los testigos sociales cuenten con la preparación técnica suficiente y que sus observaciones tengan un impacto real en las decisiones finales, para que no se conviertan en meros espectadores de los procesos que deberían vigilar.
