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Playas de Rosarito, B.C.- Cerca de 400 familias de los fraccionamientos Mar de Puerto Nuevo I, II y III buscan obtener certeza jurídica sobre las viviendas y terrenos que, aseguran, ya pagaron, pero que hasta ahora no han podido escriturar.
El tema llegó al Congreso de Baja California, donde el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Playas de Rosarito y a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) a intervenir en la problemática denunciada por los residentes.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, habitantes de estos tres fraccionamientos han señalado desde hace años diversas inconsistencias relacionadas con los predios adquiridos a Inmobiliaria Grupo LAGSA, entre ellas la falta de escrituración individual y la ausencia de una entrega formal de los desarrollos al Ayuntamiento.
Los residentes sostienen que, pese a haber concluido el pago de sus terrenos, continúan sin contar con las escrituras que acrediten legalmente su propiedad. Según lo expuesto ante el Congreso, los lotes habrían sido utilizados por la inmobiliaria como garantía hipotecaria de un crédito que, de acuerdo con los propios afectados, permanece pendiente de liquidación.
La situación también tendría consecuencias en la prestación y regularización de servicios públicos. Al no concluirse el proceso de entrega-recepción de los fraccionamientos, se mantiene pendiente su municipalización, lo que ha complicado el acceso formal de los habitantes a servicios como agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura.
Ante este escenario, el diputado solicitó a la alcaldesa de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz, realizar una inspección técnica y un análisis administrativo sobre las condiciones actuales de Mar de Puerto Nuevo I, II y III, además de informar al Poder Legislativo sobre las acciones legales que se hayan tomado ante la falta de entrega oficial de las obras.
También pidió al titular de SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, revisar el expediente técnico-urbano de los tres fraccionamientos, analizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa promotora y establecer mecanismos que permitan avanzar hacia una solución para los residentes.
El objetivo del exhorto es esclarecer la situación legal de los permisos y desarrollos, determinar si existen obligaciones pendientes y, en su caso, deslindar responsabilidades administrativas o legales.
Mientras tanto, las familias buscan una respuesta de las autoridades que les permita regularizar sus viviendas y tener certeza jurídica sobre un patrimonio por el que aseguran haber cumplido con sus pagos.
