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Mexicali, B.C.- La revisión del uso de recursos públicos en Baja California dejó nuevos señalamientos a distintas dependencias y organismos, entre ellos diferencias contables, falta de comprobantes fiscales, apoyos entregados sin documentación completa y problemas relacionados con el registro de bienes inmuebles.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado se revisaron las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con base en los informes individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).
Como resultado del proceso, fueron dictaminadas como no aprobatorias las cuentas públicas del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF Rosarito).
Entre los organismos revisados también estuvieron la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada (INMUDERE), Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM), DIF Estatal, SITT, FOGABAC y DIF Mexicali.
De acuerdo con la información presentada durante la sesión, algunas de las observaciones que se repitieron entre los entes fiscalizados estuvieron relacionadas con falta de pago de ISR, diferencias entre la información de las cuentas públicas y los portales de transparencia, así como problemas en el registro contable de bienes inmuebles.
También se detectó la entrega de apoyos sin documentación que acreditara la solicitud de los beneficiarios, falta de registro de propiedades a favor de algunas entidades, diferencias en registros contables y ausencia de comprobantes fiscales digitales (CFDI).
En contraste, el DIF Estatal y FOGABAC obtuvieron 100 puntos en la evaluación cuantitativa realizada durante el proceso de revisión.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público, presidida por la diputada Alejandra Ang Hernández, informó que con estos trabajos ya suman más de 250 dictámenes emitidos sobre cuentas públicas, como parte de la revisión del manejo de recursos públicos correspondientes a distintos ejercicios fiscales.
La fiscalización busca identificar posibles irregularidades y determinar las acciones que correspondan conforme a los resultados de las auditorías, en un proceso que permite dar seguimiento al uso de recursos provenientes de la ciudadanía.
