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MEXICALI, BC.— La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California que busca transformar la manera en que se entiende la pensión alimenticia en la entidad, ampliando su alcance para proteger de forma integral a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
Actualmente, el artículo 305 del Código Civil define los “alimentos” en términos básicos: comida, vestido, habitación y asistencia médica en caso de enfermedad. Sin embargo, esta visión ha generado criterios restrictivos en tribunales, dejando fuera necesidades esenciales para un desarrollo digno.
La propuesta de Geraldo Núñez busca que el concepto de pensión alimenticia incluya de manera explícita:
- 🩺 Salud preventiva y atención médica integral, incluyendo terapias, medicamentos y rehabilitación.
- 🎓 Educación en todos los niveles, no solo básica.
- 🌱 Sano esparcimiento, indispensable para el bienestar emocional.
La legisladora subrayó que esta iniciativa se alinea con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que el derecho a recibir alimentos debe garantizar no solo la supervivencia, sino el desarrollo pleno, digno y equitativo de las personas.
“Garantizar una pensión alimenticia integral no es solo un mandato legal, es una necesidad urgente de justicia social”, señaló.
La reforma busca responder a un problema frecuente en Baja California: gastos médicos y terapéuticos que las instituciones de salud pública no cubren a tiempo, dejando a familias en situación de vulnerabilidad. De aprobarse, el artículo 305 obligaría a cubrir estos costos como parte de la pensión.
Para Geraldo Núñez, esta medida es una apuesta por el futuro:
“Es proteger la infancia, la adolescencia y a quienes ya dieron todo por la sociedad: nuestras personas adultas mayores. Es asumir la responsabilidad compartida de padres, Estado y sociedad para construir un Baja California más justo”.
La iniciativa abre la conversación sobre la necesidad de modernizar las leyes civiles en todo el país, a fin de garantizar que el derecho a alimentos no sea visto solo como obligación económica, sino como un instrumento de protección integral de derechos humanos.
