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La gobernadora de Baja California instruyó revisar los antecedentes contractuales de las empresas señaladas y enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción para determinar si existieron irregularidades.
MEXICALI, BC.— La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó que el Gobierno del Estado no otorgue nuevos contratos a empresas o personas señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas, mientras no aclaren formalmente su situación jurídica.
La medida fue anunciada luego de que empresas que habrían tenido relación contractual con dependencias estatales fueran objeto de señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ante la nueva información, Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor a revisar los antecedentes de contratación y determinar si las empresas señaladas tuvieron contratos con el Gobierno de Baja California.
Los expedientes correspondientes deberán ser remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión y, en caso de detectarse alguna irregularidad, proceder conforme a la legislación aplicable.
La gobernadora sostuvo que las contrataciones realizadas anteriormente deben analizarse conforme a la información y situación jurídica existente al momento en que fueron adjudicadas.
“Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia”, afirmó.
La mandataria señaló que la revisión deberá establecer si existió alguna vulneración, irregularidad administrativa, afectación patrimonial o riesgo operativo relacionado con esas contrataciones.
Como medida preventiva, instruyó que, en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades criminales quede impedida de participar en nuevas contrataciones del Poder Ejecutivo estatal mientras no aclare su situación ante las instancias correspondientes.
Revisarán contratos relacionados con seguridad
Respecto de contrataciones vinculadas con áreas de seguridad pública, el Gobierno de Baja California informó que éstas correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para tareas operativas.
La administración estatal sostuvo que el resguardo y administración de los sistemas y bases de datos institucionales permanecieron exclusivamente bajo responsabilidad de personal autorizado de las corporaciones de seguridad, por lo que descartó que los proveedores tuvieran bajo su control la información de la ciudadanía.
El Ejecutivo estatal precisó además que organismos constitucionalmente autónomos, como la Fiscalía General del Estado, cuentan con autonomía presupuestal y administrativa para llevar a cabo sus propios procedimientos de contratación.
Ávila Olmeda aseguró que la revisión no partirá de conclusiones anticipadas y que serán los documentos y las autoridades competentes los que determinen si existieron irregularidades.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar”, afirmó.
La gobernadora señaló que su administración colaborará con las autoridades competentes y entregará la documentación que sea requerida para esclarecer las contrataciones relacionadas con las empresas señaladas.
