By Ciudad de México.- “Sobre lo acontecido el pasado 16 de diciembre, en donde desafortunadamente, se me ha señalado como un servidor público deudor de servicios de agua y de aprovecharme de mi encargo como Senador de la República para poder lograr esos fines, quisiera dejar en claro que ambas acusaciones son falsas”.
Así lo informó el senador de México Gerardo Novelo a través de un comunicado de prensa, lo anterior luego que esta semana el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, lo acusó de no pagar una millonaria cantidad por consumo de agua.
“En lo que respecta a las acusaciones realizadas a la empresa Estero Beach, de la cual formo parte como socio, serán los representantes legales de esta empresa los encargados de demostrar la verdad detrás de lo señalado, así como de impulsar las acciones legales pertinentes, puesto que no se tiene adeudo alguno como falsamente argumenta la autoridad estatal”, destaca el comunicado.
El no poder suspender el servicio del establecimiento es evidencia de que no se tiene adeudo alguno. Además, denota la ignorancia sobre nuestro sistema federal y sus atribuciones jurisdiccionales, toda vez que es la CONAGUA la autoridad competente para conocer las operaciones de dicha empresa.
Lamentablemente, un particular sin facultades legales intentó usurpar las funciones de una autoridad federal y por ello resultan desafortunadas las declaraciones emitidas por las autoridades estatales. Sobre este exabrupto del gobierno estatal, debo añadir que es falso que se haga uso de las redes e infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, dado que Gobierno del Estado jamás ha realizado inversión para esos fines en la zona. Por lo tanto, resulta un momento idóneo para exhortar a las autoridades competentes a que realicen acciones encaminadas a garantizar el acceso a este derecho humano en la región sur de la zona urbana de Ensenada.
Debo recalcar que, como Senador de la República, nunca he utilizado mi posición, ni abusado de ella para negarme a contribuir de la forma que marcan nuestras leyes, al contrario, ahora más que nunca, tengo la obligación de actuar con estricto apego a derecho. Es por eso que estoy a favor y concuerdo en que los deudores deben cumplir con sus obligaciones. No obstante, repruebo categóricamente el uso de las instituciones estatales para fines distintos a los del orden público y el bien común, así como al respeto al debido proceso.
Nuestro estado se ha distinguido de otras entidades del país como receptora de inversión extranjera y promoción turística, sin embargo, actitudes y acciones como la que ocurrió el 16 de diciembre y que me obliga a redactar la presente aclaración, generan incertidumbre no sólo en empresarios, también en la población en general, por lo que invito a las autoridades estatales a que se actúe conforme a derecho y se promueva la inversión para el desarrollo, sobre todo en infraestructura básica como esta.
Invito a las autoridades estatales a abrir un diálogo para afrontar desde nuestros respectivos ámbitos los grandes retos que tiene el gobierno del Estado en el manejo del recurso hídrico.
Para ello es indispensable que en Baja California seamos promotores de la certeza y la legalidad, logrando que nuestro gobierno destaque como una administración que resolvió la problemática del agua en la región respetando las normas e incentivando el desarrollo económico y atrayendo la inversión.
